Discapacidad y pandemia, desafíos para la inclusión laboral

La directora ejecutiva de Fundación Contrabajo entrega nuevas cifras de cumplimiento de la ley de inclusión laboral y explica por qué es necesario promover el empleo de personas con discapacidad.

A más de dos años de promulgada la ley de inclusión laboral,  Fundación ConTrabajo presenta el  Informe de Evolución de la Ley 21.015, en el que se concluye que a junio de este año el país registra un 33,1,% de cumplimiento en contrataciones, lo que implica que casi 40 mil personas con discapacidad no se han incorporado al mercado laboral.

Las cifras obtenidas del  SII muestran que las empresas con 100 o más trabajadores, en obligación de incorporar el 1% de dotación de personas con discapacidad, abrirían 58.760 plazas laborales. Sin embargo, desde la implementación de la ley la cantidad máxima de personas con contratos registrados ante la Dirección del Trabajo, es de 23.774, cifra que se redujo a 19.473, en junio de este año.   

Esta baja tasa de cumplimiento precede a la actual crisis económica, y ha sido una tendencia sostenida en el tiempo desde la puesta en marcha de la normativa, en abril de 2018. Sin duda, el incremento del desempleo como consecuencia de la pandemia ha impactado fuertemente en la población con discapacidad: entre marzo y agosto no se registran nuevas contrataciones y, por el contrario,  se observa un aumento progresivo de desvinculaciones. 

En Chile el 20% de la población tiene discapacidad (ENDISC, 2015) y la mitad, es decir, 1 millón 400 mil personas pertenece a los dos quintiles más pobres de nuestro país, siendo éstos quienes en la actualidad registran las menores tasas de empleo, el 35%, versus el 58,9% del  quintil más acomodado, de acuerdo al último informe del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC. El desempleo golpea con mayor fuerza a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, más aún si tienen una discapacidad. Se trata de una población con barreras de acceso a la educación regular,  sin homologación de estudios en la educación especial, y por lo tanto, con una menor cualificación a la hora de buscar empleo. 

El estudio elaborado por ConTrabajo, también evidencia que la Ley 21.015 no ha sido suficiente para promover el ingreso al mercado laboral de personas con discapacidad, pues de las 11.982 empresas que deberían realizar inclusiones, solo un 32% ha cumplido la normativa. 

Es el momento de trabajar en conjunto, propiciando medidas que eviten que la tasa de contratación descienda aún más como resultado de la pandemia y se adopten medidas a largo plazo, que promuevan de manera sostenida en el tiempo las inclusiones laborales.

Es urgente que el paquete de medidas propuesto para la reactivación económica, incorpore a personas con discapacidad, el mayor colectivo en situación de vulnerabilidad en nuestro país.

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