Ley 21690: Cambios en las multas por inclusión laboral

Uno de los desafíos que aborda la nueva ley 21690 es aumentar la fiscalización de la legislación laboral en inclusión laboral. Este mismo interés por aumentar el cumplimiento de la ley mediante la fiscalización se observa en la introducción del último reglamento de la ley de inclusión laboral y la nueva plataforma de comunicación electrónica inaugurada en enero de 2024.

Si bien estos cambios provienen de distintos organismos (el Congreso por un lado y el Ejecutivo por el otro), la idea que los anima es la misma: para promover mayores tasas de inclusión laboral, debe ser más caro incumplir la cuota del 1% que mantener contratada la cantidad de personas con discapacidad requerida.

Para alcanzar este objetivo, se han llevado a cabo 2 acciones importantes:

• El aumento en el número de fiscalizaciones
• El aumento del valor de las multas por incumplir esta normativa

Respecto al primer punto, en el año 2023, la DT efectuó 4.020 fiscalizaciones sobre el cumplimiento de la normativa en inclusión laboral. En contraste, en 2019 se registraron solo 107 fiscalizaciones en esta materia, 202 en 2020 y 550 en 2021¹.

En otras palabras, las fiscalizaciones aumentaron en más de un 3.500% en menos de 5 años. El aumento se debe en gran medida a el uso de fiscalizaciones a distancia, basadas en los registros internos que mantiene la DT relacionadas con las obligaciones de la ley de inclusión laboral.

Multas por ley de inclusión laboral: ¿Qué cambia?

Además del aumento en la cantidad, pronto las fiscalizaciones también podrían ser más caras. La ley 21690 especifica cambios en el régimen de multas y sanciones para quienes incumplan con la cuota de personas con discapacidad que requiere la ley.

La ley de inclusión original no establecía ningún régimen de multas específico para estas obligaciones, por lo que se aplica una «tarifa estándar»: Si se constata incumplimiento de la cuota, las medianas empresas (100-199 trabajadores) pueden recibir una multa de 40 UTM, y las grandes empresas (200 o más trabajadores) recibirían una de 60 UTM.

En consecuencia, el régimen original no distingue según cuántas personas faltan para cumplir la cuota: Una empresa de 200 trabajadores a la que le falta 1 persona para alcanzar el cumplimiento de la cuota recibiría la misma sanción que una empresa de 6.000 trabajadores a la que le faltan 60 personas con discapacidad para llegar al 1%.

Adicionalmente, según este régimen la infracción se cursa una sola vez, independiente de cuánto tiempo la empresa lleva incumpliendo la normativa. De este modo, la sanción sería igual tanto si la empresa nunca ha cumplido con su cuota como si tan solo en el último mes no alcanzara el número debido.

En contraste, la nueva ley 21690 disminuye el monto de las multas pero los hace proporcionales al tiempo y magnitud del incumplimiento.

Específicamente, la nueva normativa señala:

La infracción [a la obligación de contratar o mantener contratadas a un 1% de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez] se sancionará con multa equivalente a veinte unidades tributarias mensuales en el caso de medianas empresas y a treinta unidades tributarias mensuales en el caso de grandes empresas … La multa será aplicada por cada mes en el que el empleador incurra en dicha infracción y respecto de cada persona con discapacidad y/o asignataria de una pensión de invalidez que, en virtud del número de trabajadores de la empresa, debió estar contratada.

Si lo llevamos a casos prácticos, podemos observar la diferencia en estos escenarios:

En este caso, se ve cómo la nueva normativa reduce los montos en el caso de infracciones menores.

Por otro lado, podemos suponer este escenario:

En el último caso, la multa sería 360 veces más cara, por la misma infracción en las mismas condiciones.

Por supuesto, los montos de las multas son finalmente dictaminados por la Dirección del Trabajo al establecer una sanción, pero este escenario hipotético da una idea de cuánto pueden aumentar los costos por incumplimiento de la ley de inclusión laboral.

1. Cifras correspondientes a los registros administrativos de la DT. En 2022, anómalamente, no se registraron fiscalizaciones por programa (es decir, de oficio). En los registros administrativos solo constan 14 fiscalizaciones realizadas ese año, todas con origen en una denuncia.  ↩︎
2. Una versión anterior de este artículo presentaba como fecha de entrada en vigencia el 24 de agosto de 2025. La información ha sido enmendada conforme al reciente Dictamen ORD. N° 693/26 (23.10.2024) de la Dirección del Trabajo. ↩︎