• Actualizar la Ley de Inclusión Laboral para aumentar la cuota de personas con discapacidad en puestos de trabajo.

• Mejorar las competencias de la Dirección del Trabajo en el monitoreo del cumplimiento de la Ley y sentar las bases para la creación de un Sistema Integrado de Formación y Capacitación Laboral que aborde las necesidades de la población con discapacidad.

• Aumentar el acceso a empleo para mujeres con discapacidad a través de la creación de una política y un programa especial.

• Crear un sistema de incentivos tributarios, vía franquicia, para que las empresas financien medidas de accesibilidad en el trabajo.

• Crear un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que establezca una corresponsabilidad social de los cuidados entre los hogares, las comunidades y el Estado, y que se enfoque en niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores con y sin dependencia, y personas cuidadoras.

• Mejorar la cobertura para atenciones en concordancia con la propuesta del Sistema Único de Salud.

• Mejorar la accesibilidad al examen de medicina preventiva del adulto y del adulto mayor, así como las atenciones de salud oral, reproductiva y sexual.

• Disminuir las brechas profesionales de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional en rehabilitación de adultos en la Atención Primaria de Salud.

• Crear un Sistema Nacional de Apoyos Públicos que garantice la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad para avanzar en la transversalidad de enfoque en torno a la discapacidad y poner fin a la interdicción.

• Modernizar la actual institucionalidad en discapacidad (en línea con la modernización y reformulación del Ministerio de Desarrollo Social y la instalación del Sistema Nacional de Cuidados) para dotarla de mayor relevancia y capacidad de coordinación. 

• Reemplazar al SENADIS (Servicio Nacional de Discapacidad) por una Subsecretaría de la Discapacidad que asesore y coordine todas las instituciones estatales para fomentar la inclusión.

• Fortalecer el rol del Registro Nacional de Discapacidad (RND) modernizando el sistema de recolección de datos e información sobre personas con discapacidad.

• Establecer mejores mecanismos para la financiación y donación a fundaciones que fomenten la inclusión de personas con discapacidad.

• Instituir un nuevo fondo estatal para financiar proyectos operacionales de organizaciones de la sociedad civil que fomenten la participación a largo plazo (2, 3 o 4 años).

• Crear Escuelas de Liderazgo para la formación política de personas con discapacidad.

• Fijar un sistema de apoyo en la toma de decisiones tales como la existencia permanente de traductor de lengua de señas que asegure el acceso a la justicia.

• Avanzar en la cobertura, con horizonte en la universalidad, del Sistema Nacional de Ayudas Técnicas (AATT), elementos esenciales para la vida de personas con y sin discapacidad y para la prevención de la dependencia.

• Articular los programas que hoy entrega el Sistema Nacional de Ayudas Técnicas, modernizar su gestión y los procesos de entrega e instalación.

• Incorporar un nivel de gestión y operación local que permita la recuperación de ayudas técnicas que ya no estén en uso, para mantener, reparar y redistribuir a usuarios en los casos en que sea posible.

• Crear una Unidad de Defensoría de la Inclusión dentro del SENADIS para potenciar sus facultades de coordinación, protección y fiscalización**.

• Mejorar la gestión y agilizar los trámites en el proceso de compras públicas dentro del SENADIS a través de un ítem exclusivo para accesorios o repuestos de partes haciendo que sea innecesario el reemplazo total de un equipo.

• Crear una Oficina de Discapacidad en todas las municipalidades del país que se encargue de la gestión de las ayudas técnicas.

• Implementar una nueva regulación de accesibilidad universal en todo el país, acorde a estándares internacionales, en un plazo de 10 años.

• Crear un fondo especial para financiar modificaciones como rampas y accesorios en transporte público.

• Establecer nuevas licitaciones e incentivos para que empresarios del transporte renueven sus máquinas.

• Eliminar el cobro de impuesto que pagan las personas con discapacidad que compran un vehículo usado en zona franca o que importan desde el extranjero.

• Modificar el financiamiento asociado a todas las modalidades de educación especial (escuelas especiales de discapacidad, escuelas especiales de lenguaje, programas de integración escolar y escuelas hospitalarias), asegurando que se entregue en función de los apoyos necesarios para una educación integral e inclusiva y no de la matrícula o asistencia.

• Fortalecer el rol de los Programas de Integración Escolar, aumentando horas y optimizando recursos.

• Modificar las bases curriculares para estudiantes en situación de discapacidad.

• Reformar las Escuelas Especiales con miras a una futura inserción laboral.

• Crear Unidades de Apoyo en Inclusión a nivel de la Educación Superior para acompañar a las personas con discapacidad.

• Materializar la Ley 21.303 mediante un reglamento y políticas que garanticen una educación inclusiva, intercultural y multilingüe.

• Reconocer los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas.

• Promover el acceso a información y actividades en diferentes ámbitos de la vida (servicios públicos, cultura, salud, etc) a través de la lengua de señas chilena.